En Santa Elena, Entre Ríos, hace unas semanas estalló un conflicto,  cuando Dolores Etchevere (hermana del ex ministro de Agroindustria macrista) ingresó, acompañada de integrantes del Proyecto Artigas,  a la estancia Casa Nueva ubicada en las afueras de la localidad de Santa Elena (Entre Ríos). Este hecho, sumado a la represión y al violento desalojo en Guernica, puso sobre la mesa la discusión y el debate sobre la “propiedad privada” y la gran necesidad de vivienda que existe en Argentina.

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La usurpación de los Etchevehere

Casa Nueva es una estancia que pertenece al vasto patrimonio de la familia Etchevehere. Las tierras en disputa se ubican en las afueras de Santa Elena, en el paraje El Quebracho, junto al cruce de las rutas 48 y 12, a 12 kilómetros de la ciudad. Parte de estas tierras fueron adquiridas de forma fraudulenta por la familia, cuando en el año 2007 compraron 70 hectáreas a precios irrisorios hectáreas pertenecientes a la Escuela Agrotécnica N° 151 El Quebracho. La familia del expresidente de la Sociedad Rural Argentina adquirió durante la gestión de Jorge Busti, por $2.500 pesos cuando los valores de mercado eran de U$S 2.000 que –con el dólar en ese momento a $3,07– significaban $7.675, el triple de lo que se pagó.

En ese entonces, diferentes organizaciones sociales y gremios salieron a repudiar la operación y defender las tierras de la escuela pero no fue suficiente. La familia Etchevehere se apropió de las mejores tierras, incluso del pozo de agua que alimentaba a la escuela y el cual costó mucho conseguir. Se apropiaron también, con negociados fraudulentos, de tierras pertenecientes al Frigorífico de Santa Elena, y por ende, al pueblo santaelenense.

Pero la prepotencia oligárquica de Luis Miguel Etchevehere y su familia no se limitan a este caso: vaciaron El Diario de Paraná dejando en la calle a 80 trabajadores y hasta el día de hoy adeudan sueldos e indemnizaciones.

En 2018, como ministro de Agroindustria, comenzó a aplicar un brutal ajuste en el marco de lo que el macrismo llamó Plan de Modernización del Estado y desmanteló la Subsecretaría de Agricultura Familiar, que cumplía un importante rol en la asistencia técnica, capacitación y provisión de insumos a familias de horticultores y campesinos pobres de todo el país, que fueron dejados a su suerte, en favor del modelo agroexportador y de concentración de la tierra que, precisamente, representa Etchevehere.

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¿Qué pasa en Santa Elena?

Santa Elena es una de las localidades con mayor porcentaje de pobreza y desocupación, desde el cierre del Frigorífico que fue el motor económico de la ciudad y la Provincia.

La FNC y la CCC vienen impulsando y desarrollando, huertas urbanas y en zonas rurales en toda la Provincia, con el objetivo de generar fuentes de ingresos, alimentos sanos y a precios accesibles, proveer a los comedores de las organizaciones y también tratar de lograr convenios con el estado provincial y municipales para proveer comedores escolares y comunitarios.

El proyecto Artigas fue presentado públicamente por Dolores Etchevehere, quien dona el 40% de su herencia a este proyecto de agroecología. Ella junto a  distintas organizaciones sociales, ambientales y campesinas, conformaron un proyecto para construir un modelo agrario sostenible, libre de agortóxicos y explotación. Además de poner en cuestión el modelo de concentración y exclusión que sus hermanos defienden, Dolores plantea la devolución de las tierras a la Escuela Agrotécnica “El Quebracho”.  

Es necesario considerar que Dolores fue desplazada del reparto de la herencia, por parte de sus hermanos.  Esta violencia patrimonial y económica (como uno de los tipos de violencia de género) sucede frecuentemente y no solo en las familias de la oligarquía. Es bastante común que el reparto de las tierras heredadas lo manejen entre los hombres de la familia y dejen afuera a las mujeres.

A partir de este conflicto se puso en debate las cuestiones que la Federación Nacional Campesina plantea desde hace tiempo: la necesidad de rediscutir la propiedad y concentración de la tierra. En Entre Ríos, como en otros lugares del país, la concentración de la tierra ha generado el vaciamiento del campo, la expulsión de los pequeños y medianos productores, y la profundización de un modelo productivo estractivista y en manos de unos pocos terratenientes. Estos sectores han reaccionado públicamente, amedrentando y amenazando porque ven peligrar sus intereses y sus negociados.

La Federación Nacional Campesina de Entre Ríos manifestó que se solidariza con esta iniciativa, planteando la posibilidad de generar un proyecto agroecológico que genere alimentos sanos para ser consumidos por las poblaciones vecinas. También reivindican la importancia de que los beneficiarios y productores de estas tierras sean los vecinos de Santa Elena, a quienes se  las robaron cuando fue el cierre y desguace del frigorífico.

En una Provincia como Entre Ríos, con una historia de concentración y saqueo terrateniente, resulta imprescindible luchar por la restitución de la tierra a sus habitantes, quienes quieren y necesitan trabajarlas.

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Tierra para lxs que la trabajan

El 29 de octubre, el Proyecto Artigas se retiró de Casa Nueva y Dolores Etchevere fue detenida. Tanto este conflicto de los Etchevere en Entre Ríos, como la toma de tierras en Guernica (que también el día de ayer  fue desalojada y reprimida violentamente por la policía bonaerense)  son evidencias y consecuencias de una problema estructural de nuestro país: la concentración de la tierra en pocas manos.

Las tomas de tierras y el proyecto Artigas, además, pusieron en el foco a la oligarquía terrateniente, que se defiende con lo más reaccionario de la justicia y empuja un discurso represivo, en defensa de la propiedad privada.

Pretenden legitimar la defensa de “sus terrenos” hablando de la propiedad privada en general como si hubiesen accedido a esos terrenos de una forma legítima como la gran mayoría de lxs propietarixs. Pero las tierras de la oligarquía son apropiaciones privadas fruto de la usurpación de tierras (como hicieron los Etchevehere) y, en el caso de varias familias (como los Bullrich), fruto del genocidio de los pueblos originarios que las habitaban.
Esta situación también pone en debate la salida para estas urgencias y muestran la necesidad de avanzar en tierra, techo y trabajo, como lo propone la ley presentada por el diputado Juan Carlos Alderete y también necesidad de acumular fuerzas para lograr una reforma agraria que termine con el poder de la oligarquía y ponga la tierra en manos de quienes la trabajan y quieran trabajarla.

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El caso Etchevehere en la justicia

El día 15 de octubre, los Etchevehere presentaron una denuncia por usurpación y amenazas en la Justicia de La Paz, luego de que Dolores Etchevehere llegara junto a Proyecto Artigas a Estancia Casa Nueva.

Al día siguiente, fue el propio fiscal Oscar Sobko quien aseguró que no hubo violencia y por lo tanto, no hubo usurpación. Sin embargo, en los días posteriores adaptó su discurso público para pedirle al juez Raúl Flores una medida cautelar que ordene el desalojo de Dolores y los integrantes de Proyecto Artigas.

El juez analizó toda la documentación y las pruebas presentadas, y el día viernes 23 de octubre emitió su fallo: no hubo usurpación, no hay inventario de la herencia (con lo cual Dolores es propietaria al igual que sus hermanos) y recomendó una solución pacífica.

Además, ese mismo día –viernes 23 de octubre- dispuso medidas de protección para Dolores Etchevehere y los integrantes del Proyecto Artigas. Luis Miguel Etchevehere y sus hermanos tienen una restricción perimetral que violan sistemáticamente y puede constatarse en los medios de comunicación.

Los abogados de los hermanos Etchevehere apelaron el fallo del juez, por lo tanto fue la Cámara de Apelaciones de Paraná la que debía expedirse en 10 días.

El día 29 de octubre, la jueza María Carolina Castagno, del Tribunal de Apelaciones y Juicio de Paraná, ordenó el inmediato reintegro del campo en disputa entre los hermanos Etchevehere y su hermana Dolores Etchevehere.

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