En la provincia de Chubut, seis hijos de grandes empresarios y actores políticos, violaron en grupo a una adolescente de 16 años en el año 2012. La joven fue hostigada, amenazada y perseguida por los violadores y su entorno para que no hiciera la denuncia, al punto que tuvo que mudarse de ciudad. En el año 2019, después de un largo recorrido y mucho esfuerzo por empezar a sanar todo el daño que le causaron, se animó a denunciar.
Gracias al enorme proceso que se masificó con el #NiUnaMenos, al crecimiento de los Encuentros Nacionales de Mujeres y a quiebres históricos como el que trajo la denuncia de Thelma Fardin contra Juan Darthés, seguimos aprendiendo a no callarnos. Al vernos unidas, nos animamos a hablar de todas las violencias que sufrimos en esta sociedad por el solo hecho de ser mujeres. Sin embargo, cuando denunciamos ante el Estado, sabemos que la mayoría de las veces nos enfrentamos a la continuidad en esa impunidad que necesitamos cortar para retomar nuestras vidas, tal y como expresó esta joven en su muro de Facebook cuando rompió el silencio.
En esta oportunidad, el poder judicial de la provincia de Chubut había caratulado el hecho como “abuso sexual con acceso carnal”. Luego, en el marco de un acuerdo de juicio abreviado, el Fiscal modificó esa calificación legal alivianándola: el hecho pasó a ser un “abuso sexual simple”. Es decir que la fiscalía desistió de llevar adelante un juicio oral y público, modificando la calificación legal que no expresa ni por lejos la realidad de los hechos. Como si eso fuese poco, el #3J, día histórico de lucha para el movimiento de mujeres, el fiscal Fernando Rivarola, en el acuerdo presentado ante el poder judicial, describió lo sucedido como un hecho de «desahogo sexual doloso” por parte de los jóvenes.
Aunque aún no hay sentencia, con esta calificación legal, se propuso para todos los imputados una pena de tres años de prisión en suspenso. Ninguno de estos «hijos del poder» iría preso ni por un minuto; tampoco tendrían que atravesar un juicio oral. Pero no. No hay violación que “desahogue”. Ningún varón se muere ahogado cuando decide no cometer un abuso sexual. Este tipo de “justicia”, está del lado de lo que tiene que arder, es profundamente patriarcal y de justa no tiene nada.
Las explicaciones del Fiscal
Ante el rechazo social que generó el uso de esa expresión, el Ministerio Público Fiscal de Chubut sacó un comunicado nefasto, explicando qué se había querido decir, dando cuenta de una subestimación enorme hacia el movimiento de mujeres y feminista y a la sociedad toda. En ese descargo oficial nefasto, publicado el mismo 3 de junio, aclararon que “(…) En palabras simples, el abuso sexual es justamente una conducta que busca el desahogo sexual del autor sabiendo que lo hace sin el consentimiento de la víctima (…)”.
Parece una broma de mal gusto, pero no… Y nos preguntamos ¿es otra provocación o la máxima expresión de la justicia patriarcal? Seguramente sea un poco de cada cosa.
Pero acá estamos para decir todas las veces que haga falta, al Fiscal y a quienes lo bancan: detrás de la violación no hay ningún desahogo sexual, ninguna búsqueda de controlar deseos irrefrenables, sino un ejercicio extremo del poder machista que prevalece en la sociedad y que tiene a las mujeres y sujetos feminizados como carne de cañón. El delito de violación es un delito de dominio, un delito de poder.
Luciano Malemacci, Joaquín Pérez, Robertino Viglionne, Ezequiel Quintana, Leonardo del Villar y Tomas Soriano, por ser hijos de poderosos, se creen impunes. Y la justicia los avala.
Les dio su aval desde el primer momento, al ignorar y desatender a la víctima ante un suceso que era conocido por todo el pueblo: a ella, la dejaron sola, expuesta y le hicieron sentir todo el peso del poder: si denunciaba, le iba a ir peor todavía. Su vida se derrumbó, su salud se deterioró. A ellos, los encubrieron hasta que la joven pudo armarse y denunciar, años después de lo sucedido.
No es sólo el término que utilizó, sino todo lo que ello expresa
Recordemos que cuando la víctima de un abuso sexual es menor de edad, la investigación debe comenzar de oficio, es decir, la debe impulsar el Estado –siempre resguardando a la víctima, sin obligarla a declarar ni a hacer nada que ella no pueda sostener-.
El Fiscal se ataja diciendo que cuando vio la publicación en Facebook en 2019, inició la investigación; ¿por qué no lo hizo antes si era un secreto a voces? Además, se atreve a decir que “la víctima fue escuchada y estuvo de acuerdo con todo lo que se estaba haciendo”. ¿No le parece al Fiscal que ante semejante vulnerabilidad y enfrentada a los poderosos de la provincia tenía que ser él y no la joven quien se pusiera firme? Incluso si la víctima y sus abogadxs no se opusieran al juicio abreviado, es aberrante que un magistrado muestre la hilacha de esta forma.
El juicio abreviado es una alternativa dentro del proceso penal. Suele ser polémico porque los imputados se declaran culpables sin que se haya producido la prueba pero, por otro lado, la Fiscalía cede en el monto de pena a pedir, lo que en muchas ocasiones es positivo para los acusados. Suele presentarse cuando los delitos son leves o cuando la prueba que tiene la Fiscalía no completamente sólida, a ojos de ese magistrado.
¿Cómo puede recaer en la joven la responsabilidad o no de “probar” semejante hecho si esos son los operadores judiciales con los que se enfrenta? Una vulneración de derechos tras otra.
Repudiamos estos hechos y exigimos justicia.
Porque con historias como ésta, que lamentablemente se repite en los poderes judiciales de todas las provincias, y con expresiones como las del fiscal Rivarola buscan disciplinarnos.
Pero los hijos del poder no van a ganar esta pulseada. Juntas somos poderosas, unidas somos invencibles. Rompimos el silencio y exigimos que las cosas sean llamadas por su nombre: ES VIOLACIÓN, NO «DESAHOGO SEXUAL».
