Mediante resolución 956/18 la Ministra Bullrich dio vía libre al gatillo fácil. Quieren combatir la inseguridad a costa de más muerte y represión.


Con esta resolución del gobierno, los agentes de seguridad podrán disparar a matar bajo circunstancias muy amplias: “para impedir la fuga”, “para proceder a la detención”, cuando el agente presuma que otro pueda tener un arma, y hasta “cuando efectuase movimientos que indiquen la inminente utilización de un arma” aunque no la tuviese.

Así se permite a la policía imponer la pena de muerte sin juicio previo. Ésta no es la solución ante los graves problemas de inseguridad que enfrentamos. Para hacerlo se necesitan políticas serias, discutidas y que enfrenten las causas del delito y sus efectos concretos. La política de seguridad debe tener como fin reducir los niveles de violencia, no aumentarlos.

Un reglamento para asesinos

Los reglamentos anteriores, basados en los principios y normas de la ONU, habilitaban el uso del arma de fuego cuando exista peligro para la vida o la integridad física del policía, la víctima o terceros. Siempre imponiendo como criterio que el policía tenía que garantizar la vida de todos. Únicamente podía usar su arma, no siempre en forma letal, en esos supuestos. Solo podía hacerlo en forma letal cuando fuera la “única manera” de evitar un daño mayor. Es falso que el criterio anterior exigía dar la voz de alto siempre o que el policía no podía hacer nada. Si dar la voz de alto era susceptible de provocar un peligro inminente o un daño irreversible (vida o integridad física) el policía no debía hacerlo.

El reglamento Bullrich permite usar el arma de fuego en situaciones en donde no hay peligro para la vida ni la integridad física de nadie. Un ejemplo es el caso Chocobar que ante una fuga, fusiló. El otro supuesto es cuando alguno del grupo tenga un arma: el policía puede disparar sobre cualquier miembro del grupo.

Más ajuste, más represión

Macri lanza esta medida buscando mostrar a la población que lucha contra la inseguridad, dando vía libre a la violencia policial, en un contexto de una grave situación económica de todos los sectores populares que nos rebelamos frente a eso.

El gobierno agravó todas las causas de la inseguridad: generó desocupación, recorta a la educación pública, no destina presupuesto para combatir y prevenir el consumo de droga. Aumenta el hambre y la pobreza. La respuesta del gobierno para los jóvenes es meter bala en vez de resolver nuestro futuro.


Total impunidad Además de querer legitimar la Doctrina Chocobar, pese a que la Corte Suprema de la Nación ratificó el procesamiento del policía Chocobar por homicidio agravado por la utilización de un arma de fuego en exceso del cumplimiento de su deber, al matar por la espalda y en el suelo al joven Pablo Kukok de 18 años; el Gobierno pretende liberar todo control sobre las fuerzas de seguridad. Una medida que busca otorgar más herramientas que legitimen la represión en las luchas populares.

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