¡Que sea ley!

Una marea de pañuelos verdes viene recorriendo las calles, plazas, hospitales, escuelas, mesas y sobremesas; los lugares de trabajo, los barrios y las redes sociales de la Argentina desde hace más de dos meses, sumando voces y argumentos a favor de un reclamo histórico del movimiento de mujeres: la despenalización y legalización del aborto.

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La lucha por la despenalización y legalización del la interrupción voluntaria del embarazo tiene un recorrido de muchos años, los encuentros nacionales de mujeres, la campaña nacional por el derecho al aborto legal y principalmente las calles. Las mujeres venimos siendo protagonistas de grandes luchas; la marcha federal que conmovió la Argentina, el 3 y 4 de Junio que hizo vibrar cada rincón del país al grito del ni una menos y por la emergencia nacional en violencia contra las mujeres y todas las jornadas que recorren el país de norte a sur y de este a oeste. Somos motor y engranaje de un pueblo que no abandonó las calles, enfrentando la política de ajuste, hambre, entrega y represión del gobierno de Macri. Salimos a la calles con la alegría de la lucha y convencidas que desde ahí conquistaremos derechos, logramos imponer la agenda de las mujeres al gobierno y en las calles estamos y vamos a estar hasta hacer realidad este derecho.

En las reuniones informativas del plenario de comisiones de la Cámara de Diputados/as participaron cientos de profesionales de la salud, juristas, militantes del movimiento de mujeres y feminista, mujeres que compartieron sus propias experiencias, familiares de jóvenes muertas por abortos inseguros o porque se les negó el derecho a la salud, personalidades de la cultura y representantes de distintas religiones. Fue un debate muy profundo y diverso, como pocas veces se ha visto en el tratamiento de una ley en nuestro país. Su masividad se verá expresada, una vez más, este miércoles 13 en las puertas del Congreso Nacional y en cada lugar del país en que nos movilizaremos para exigirles a las y los diputados que hagan historia y voten a favor del derecho a la interrupción voluntaria del embarazo (IVE).

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La más amplia unidad por el aborto legal, seguro y gratuito.

En la sesión del 13J se presentará el dictamen consensuado por un amplio arco de legisladores/as y organizaciones que apoyan la legalización del aborto, que hizo pie en cuestiones centrales del proyecto presentado por la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito.

Esto significa un gran paso adelante en el camino de garantizar nuestros derechos, porque se logró -en los últimos días- articular varios de los proyectos de ley de IVE presentados. Ello nos permite además contar con el compromiso de voto de muchas personas que tenían algunas diferencias o que, hasta hace poco, se habían manifestado como “indecisas” respecto de su apoyo o no a la ley de IVE. En ese sentido, acompañamos y defenderemos en las calles el dictamen, porque entendemos que es clave en este momento histórico cristalizar los acuerdos para derrumbar una injusticia intolerable, como lo es la ilegalidad del aborto. Una injusticia que se lleva la vida de las más pobres, ya que tiene impacto muy diferenciado en las vidas o muertes de las mujeres pobres, porque esta estrechamente según las posibilidades económicas que tengan de acceder a un aborto seguro.

Un dictamen para el consenso

Una de las diferencias que aparece respecto del proyecto de la Campaña, es la regulación de la objeción de conciencia: mientras que el proyecto original no abordaba la cuestión, el dictamen explícita que es una obligación del/la profesional de la salud que deba intervenir de forma directa en la IVE, garantizar el acceso a la práctica y que sólo podría eximirse en caso de haber manifestado su objeción previamente, de manera individual y por escrito, comunicándola a la máxima autoridad del establecimiento de salud al que pertenece. Se aclara también que esa objeción debe mantenerse en todos los lugares en los que se desempeñe la persona, sean éstos públicos o privados. Se prohíbe expresamente la objeción de conciencia institucional y se aclara que no podrá objetarse en circunstancias en las que la atención médica requerida sea impostergable.

 

Otro punto tiene que ver con la forma en la que podrán acceder a la IVE las niñas, adolescentes o personas gestantes menores de 16 años de edad. El dictamen establece que la práctica se debe realizar con su consentimiento informado y “conforme lo dispuesto en el art. 26 del Código Civil y Comercial de la Nación”, lo que podría llegar a limitar la autonomía de esas adolescentes, en caso de que esto se interprete como la obligación de contar con autorización de sus representantes legales. Es decir, se quitó la presunción de que entre los 13 y 16 años se cuenta con aptitud y madurez suficiente para decidir la práctica y prestar el debido consentimiento, abriéndose para el futuro discusiones sobre el tipo de práctica médica que es un aborto voluntario.

Por último, mientras que desde la Campaña se impulsaba la total despenalización para las mujeres que abortaran, el dictamen consensuado despenaliza hasta la semana 14 inclusive de la gestación, o para los casos de violación, riesgo en la vida o la salud de la mujer o persona gestante y si se diagnosticara la inviabilidad de vida extrauterina del feto.

Las presiones antiderechos

La vicepresidenta Gabriela Michetti encabeza la caza de brujas de los sectores antiderechos contra aquellas diputadas y diputados que se han pronunciado a favor de aprobar una ley que nos permita decidir la interrupción de un embarazo sin poner en riesgo nuestras vidas. Los sectores más reaccionarios del gobierno de Cambiemos, salieron a la ofensiva reivindicando la clandestinidad del aborto y negando que es un problema de salud pública y de justicia social. Con el argumento de la diversidad de opiniones, junto a funcionarios/as y legisladores/as, Michetti plantó bandera en contra de los derechos de las mujeres y, bajo la absurda consigna de “SalvemosLas2Vidas”, empuja el amedrentamiento de quienes quieren votar a favor. Lejos de ser “pro vida” como pretenden, lo que muestran estos sectores es que son “pro aborto clandestino”. Porque aunque no quieran entenderlo, la discusión no es que haya más o menos abortos, sino que esos abortos sean o no clandestinos y, por lo tanto, sean un derecho para todas y no sólo para las que lo pueden pagar y no morir en el intento. Las muertes por abortos inseguros son muertes evitables y tienen responsables políticos, hoy el gobierno de Macri.

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Aborto legal, justicia social

Como venimos diciendo hace años y como se dijo a lo largo de las reuniones informativas la ilegalidad del aborto es un problema de salud pública, de justicia social y del derecho a decidir que tenemos las mujeres sobre nuestros cuerpos.

La triple consigna “Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal, seguro y gratuito para no morir” sintetiza nuestras exigencias. Luchamos para que el estado se haga cargo de cumplir con la ley de Educación Sexual Integral; que todas las mujeres tengamos acceso a métodos anticonceptivos acorde a nuestras necesidades y deseos y que podamos decidir si queremos tener hijos/as, cuántos, cuándo y con quién. Para eso, es indispensable la legalización del aborto.

Apoyamos e instamos a las y los diputados a votar el dictamen consensuado para que todas las argentinas tengamos las mismas posibilidades de acceder a abortos seguros. ¡Ahora es cuando!

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