Aunque le movimiento de mujeres viene creciendo y cada vez son más las que se vuelcan a las calles para reclamar basta de femicidios y políticas reales de igualdad, el gobierno nos da la espalda. No declara la emergencia en materia de violencia de género y no nos tiene en cuenta en el presupuesto 2018.
Si hay algo que gastamos las mujeres este año, fue la suela de las zapatillas. Tendríamos que contar todos los kilómetros que caminamos para reclamar por lo que nos corresponde: el 8 de marzo por nuestros derechos como trabajadoras, el 3 de junio por Ni Una Menos, el 28 de septiembre por el aborto legal, cada vez que salimos a marchar por una nueva víctima de femicidio y en todas las movilizaciones de las que formamos parte aunque no refieran a nuestras problemáticas específicas como la lucha por la emergencia social o el reclamo de aparición con vida de Santiago Maldonado. Pese a que ganamos las calles, el gobierno de Macri pareciera no notar nuestra presencia.
Presupuesto
A mediados de septiembre, el Poder Ejecutivo Nacional presentó ante el Congreso el Proyecto de Presupuesto 2018: en las 310 páginas que integran el documento no hay ninguna mención concreta a políticas que apunten a disminuir las brechas que existen entre los hombres y las mujeres de la Argentina, como tampoco ningún plan de acción contra las preocupantes cifras de femicidios.
Este año el Gobierno nacional transformó el Consejo Nacional de las Mujeres en el Instituto Nacional de las Mujeres (INAM), argumentaron que eso brindaba más autonomía e independencia al organismo. Sin embargo, no se hace mención al mismo en el anteproyecto de presupuesto. Desde el INAM pidieron para 2018 $ 455 millones: $ 206 millones para gastos corrientes y $ 249 millones para gastos de capital, que contemplan por ejemplo la construcción de los refugios para mujeres víctimas de violencia. Este año el presupuesto fue de 151 millones de pesos: 7 pesos por mujer.
Según un informe del Economía Feminita, en nuestro país las mujeres ganamos en promedio un 27 por ciento menos que los varones y somos las más afectadas por la desocupación: 10,2 por ciento, mientras que para los varones es del 8,5. Entre las más jóvenes, en varias provincias superan el 20 por ciento. Realizamos además, el 76 por ciento del trabajo doméstico no remunerado. Y en el trabajo remunerado más de un tercio tenemos trabajos no registrados. Cada 10 pobres en nuestro país, 7 somos mujeres. Estos son solamente algunos de los datos que describen el panorama de desigualdad económica de género en el país.
Sin respuesta
Desde hace varios años que el movimiento de mujeres de Argentina viene reclamando la aprobación de una ley de Emergencia en Violencia Contra las Mujeres. Actualmente hay un proyecto que tiene media sanción en el senado, pero que fue cajoneado por los diputados del PRO en la Cámara Baja; de no aprobarse antes de fin de año caería la media sanción. ¿Por qué no se avanza en la declaración de emergencia? La respuesta es sencilla: primero porque implica que el gobierno asuma la responsabilidad que le cabe ante el agravamiento de la violencia contra las mujeres; segundo, porque implica destinar partidas presupuestarias extraordinarias. Es decir, implica que se invierta dinero del Estado en salvar nuestras vidas, eso es lo que Macri no quiere hacer.
Hoy exigimos que en la próxima sesión del día miércoles 29 de noviembre se trate el proyecto en el orden del día y de no ser posible sobre tablas.
¿Por qué pedimos la Emergencia?
Porque según la OMS, los femicidios se han convertido en una pandemia mundial. Porque según información de la ONU de abril del 2016, los femicidios crecieron dramáticamente, y un 98% de ellos quedaron impunes. Porque en los últimos años las estadísticas de la Argentina dicen que la violencia contra las mujeres ha crecido en número, frecuencia y en el recrudecimiento de los métodos con que ésta es llevada a cabo. Porque según datos oficiales de la línea 144, la mayoría de los casos de violencia se dan en mujeres de 19 a 35 años, por la pareja o la ex pareja. Porque desde 2008 han ocurrido 2426 femicidios y en lo que va del 2017 fue asesinada una mujer cada 30 horas. Porque una de nosotras es asesinada por día por el sólo hecho de ser mujer y entre los responsables no está sólo su agresor/femicida, sino también todo un sistema que no toma medidas al respecto.
¿Qué implica la Declaración de la Emergencia Nacional en Violencia contra la Mujer?
Que se destine una partida presupuestaria extraordinaria para rápidamente poner en práctica medidas que permitan resolver los problemas de las mujeres:
- Diseño y ejecución de acciones tendientes a la prevención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres.
- Creación e implementación de servicios integrales de asistencia a las mujeres que padecen violencias y de reeducación de quienes las ejercen.
- Creación e implementación de espacios físicos transitorios de asistencia y contención de las víctimas.
- Fortalecimiento de la red de contención social de ONGs especializadas que actúen en coordinación con las organizaciones gubernamentales.
- Capacitación y apoyo para formar unidades especializadas en violencias contra las mujeres.
- Campañas de difusión masiva de prevención, información y alerta.
- Campañas de capacitación de personal policial, autoridades, funcionarios, agentes e instituciones.
- Campañas de formación de profesionales que puedan dar respuesta a las necesidades y problemáticas de las mujeres (médicos, enfermeros, psicólogos, abogados, trabajadores sociales, etc).
- Ayuda económica transitoria hasta que la mujer se puede insertar en el ámbito laboral, entendiendo que una de las principales consecuencias de la violencia doméstica es el aislamiento del ámbito laboral y social.
- Creación de centros de cuidado infantil en barrios, lugares de trabajo y de estudio, que le permitan a las mujeres poder insertarse en los ámbitos laborales y educativos.
- Creación de planes de vivienda sociales para mujeres en situación de violencia.
- Ayuda económica para los hijos de víctimas de femicidio.
¿A quién le exigimos la Emergencia?
Ante una agresión sexual o un femicidio, que es la forma fatal en que termina una larga cadena de violencias que sufrimos las mujeres, existen diferentes actores con distintos grados de responsabilidad. Está el o los hombres, que cometen en concreto el hecho, y también el Estado y el gobierno de turno que constantemente nos fallan a las mujeres o aparecen de la peor manera: denuncias que no se toman, órdenes de restricción que no se cumplen, violadores que salen en libertad, profesionales que encubren o que no tienen formación en la problemática, leyes que no se aplican, presupuesto escaso o inexistente.
Le exigimos al Gobierno Nacional que declare la Emergencia Nacional en Violencia contra las Mujeres, porque es quien principalmente tiene en sus manos la posibilidad de resolver nuestras problemáticas, y al no hacerlo, se convierte en el principal responsable de esta situación. La bronca no para de crecer, y ante cada mujer que nos arrancan se profundiza nuestra unidad, nuestro protagonismo y nuestra lucha. Tenemos claro que sin definición política y presupuesto para poner en marcha mecanismos y medidas reales que atraviesen a toda nuestra sociedad no es posible hacer realidad la consigna #NiUnaMenos.
Con la lucha y ante la creciente presión que viene de abajo, las mujeres logramos que en algunas provincias y municipios se declare la Emergencia. Sin embargo la historia se repite, en general, los gobiernos provinciales y municipales no destinaron presupuesto, ni tomaron medidas concretas.
Corrientes: en noviembre del 2014 se aprobó en la provincia por 2 años de vigencia. Nunca se destinó presupuesto, tampoco se aplicó nada. En el 2015 el municipio aprobó y adhirió a la ley. Empezó un refugio (el único en la provincia) que fue inaugurado hace pocos días.
Tucumán: se declaró en diciembre de 2016 y a un año sigue sin implementarse.
Jujuy: sólo se logró en la localidad de San Pedro en el año 2011, sigue vigente pero sin presupuesto asignado es letra muerta.
Chubut: se aprobó en la legislatura chubutense y fue vetada por el gobernador Das Neves. Luego tuvo que habilitarla por la presión social, sin embargo, no se le destinó presupuesto.
Bariloche: se renovó por dos años la declaración municipal, se construyó un refugio y se siguen peleando medidas concretas. En la provincia de Río Negro está cajoneada, de hecho el gobernador Weretilneck afirmó que no la iba a aprobar porque los femicidios eran “casos aislados”.
Buenos Aires: recientemente se venció la declaración que tuvo dos años de vigencia, ahora desde el movimiento de mujeres se pelea por la aprobación de una emergencia real con presupuesto aprobado para 30 mil promotoras (ver nota).
La Plata: en La Plata el Consejo deliberante declaró la emergencia este año. Aun no se implementó porque el intendente tiene que designar presupuesto específico para su ejecución.
Quilmes: se presentó un proyecto al Municipio que plantea partidas presupuestarias para implementar un plan de promotoras barriales en prevención de la violencia. El intendente Martiniano Molina lo mantiene cajoneado.
San Nicolás: en mayo se logró la declaración municipal. Incluye promotoras barriales y la construcción de una casa de abrigo. Desde entonces no se volvió a convocar al movimiento de mujeres para su implementación.
Mar del Plata: se declaró el 9 de junio de 2016 luego de una pelea grande desde 2012. Se prorrogó por un año pero la realidad es que no se le destinó un presupuesto acorde, sólo funcionan las becas por vulnerabilidad y se puso en marcha un observatorio compuesto por organizaciones de mujeres e instituciones públicas de distinto ámbito.
Santa Fe: se aprobó en los municipios de Rosario, Villa Gobernador Gálvez y San Lorenzo. En Rosario se declaró en 2012, nunca se le destinó presupuesto y recién este año se conformó una comisión de seguimiento.
Mendoza: dos proyectos presentados por distintos bloques duermen aun en la legislatura mendocina.
