Una gran columna de naciones y pueblos originarios, acompañada de organizaciones sociales y sindicatos, se movilizaba este mediodía hacia el Congreso de la Nación para exigir la prórroga de la ley 26160, que suspende los desalojos y dispone la realización de un relevamiento técnico —jurídico— catastral de la situación dominial de las tierras ocupadas por las Comunidades Indígenas.
La ley 26160 fue sancionada en noviembre de 2006 con el objetivo principal de declarar la “emergencia en materia de posesión y propiedad comunitaria indígena” por el término de cuatro años. Sin embargo, de las 1800 comunidades registradas a nivel nacional en el INAI (Instituto Nacional de Asuntos Indígenas), solo 400 tienen las carpeta del relevamiento y otras 400 están en curso.
Como se manifestó en las resoluciones del XI Encuentro Nacional de Naciones y Pueblos Originarios, al pasado 9 y 10 de setiembre en Rosario “si no se prorroga la ley, los pueblos originarios vamos al exterminio definitivo y vienen por las ultimas tierras que nos quedan a las comunidades”.
Por su parte Desde Federación Nacional Campesina afirmaron que “de no prorrogarse la ley 26.160, se ponen en juego más de 8 millones de hectáreas, profundizando aún más la concentración y extranjerización de nuestra tierra”.
Las organizaciones nucleadas en el Encuentro de Naciones y Pueblos originarios fueron contundentes al afirmar: “no vamos a permitir que sigan avanzando con el genocidio silencioso, hostigamiento, represión y persecución a todos los hermanos originarios”.
