El crimen de un chico de 14 años, supuestamente a manos de otro de 15 generó bronca e indignación. El gobierno aprovechó la oportunidad para, en un año electoral, volver a plantear que hay que bajar la edad de imputabilidad de 16 a 14 años. Macri y Cambiemos nos quieren mudos, dormidos y encerrados.
Manuel no recuerda cuando fue la primera vez que agarró un arma, tampoco se acuerda cuando fue la primera vez que inhaló poxirrán. Lo que nunca se olvida es la primera vez que le dolió la panza de hambre y prefiere no hablar de cómo fueron los sinuosos caminos que lo llevaron a la delincuencia. A los 15 años, busca salidas para escaparse de este presente y futuro oscuros, pero no hay puertas abiertas ni oportunidades para él.
Y como Manuel son miles los jóvenes a los que la pobreza, el hambre, el avance del narcotráfico y la indiferencia del Estado los lleva por un camino que no elijen, pero que aparece como destino. Hoy el gobierno no plantea más educación, trabajo, cultura y deporte para que niños, niñas y adolescentes encuentren otras salidas. Para Macri la respuesta es encerrar a los pibes y está decidido a bajar la edad de imputabilidad…oportunismo electoral contra la vida de la juventud.
ADOLESCENTES DESCARTABLES
El 24 de diciembre de 2016, Brian Aguinaco de 14 años recibió un balazo en la cabeza en el medio de un asalto protagonizado por dos “motochorros” en el barrio porteño de Flores. Falleció dos días después en el hospital. La muerte del adolescente desató la bronca de todo el barrió que se manifestó en las puertas de la comisaría 38, hubo escrache, toma e “incidentes”, como elijen etiquetar los medios hegemónicos cuando la indignación de la gente no puede contenerse.
Entonces, a la bronca hay que contestarle de alguna manera, buscando culpables rápido. Así apareció el otro “Brian”: 15 años, pobre, familia de origen peruano, quien fue detenido por el crimen del niño. Y también apareció el ministro el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Germán Garavano, a plantear que la salida es bajar la edad de imputabilidad de 16 a 14 años.
Hay pruebas para poner en duda su culpabilidad, pero pensemos por un momento que Brian no es Brian, sino cualquier pibe que hoy está en la delincuencia y que aparecen como descartables. El Estado no se hace cargo, más que proponiendo palos, garrotes o gatillo fácil. El debate está abierto en toda la sociedad, y el momento de darlo es hoy.
PIBES TRAS LAS REJAS
Actualmente, en nuestro país un adolescente puede ser detenido, enjuiciado y encerrado si tiene entre 16 y 18 años. Son los que están contemplados en lo que se llama “Régimen Penal Juvenil”; pero nuestro país mantiene vigente un decreto-ley de la última dictadura militar que no garantiza el respeto de los derechos humanos y la protección de los niños y adolescentes en conflicto con la ley. El gobierno quiere entonces, bajar de 16 a 14. No tiene propuestas, ni le interesa tenerlas, para atacar las causas de la llamada “delincuencia juvenil”.
Al mismo tiempo, el gobierno que criminaliza a los pibes y las pibes, no tiene estadísticas oficiales u estudios actualizados que puedan graficar realmente la incidencia de los jóvenes en los delitos. Según el Revelamiento sobre Adolescentes en Conflicto con la Ley Penal producido por Unicef en 2015, hay 3.908 jóvenes infractores y presuntos infractores de la ley penal de hasta 17 años inclusive, alojados en establecimientos o incluidos en programas de todo el país. Son sólo el 0,14% del total de población de 14 a 17 años del país. De este total de 3.908 adolescentes, la mayoría (89,5%) tiene entre 16 y 17 años.
JUSTICIA CLASISTA
La poca incidencia de jóvenes en hechos delictivos no es el único motivo para cuestionar la baja de la edad de imputabilidad. Porque los que hoy si están en el Régimen Penal lo están en malas condiciones, está claro que los dispositivos juveniles, muchos de ellos de encierro, no ayudan en nada a que los pibes salgan de esa situación.
En la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, más de 600 chicos en conflicto con la ley penal están alojados en 27 centros en los que hay graves problemas de salubridad, violencia y pocas actividades que ayuden a mostrarles otra salida. Según la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), los 619 jóvenes que están en los 27 centros cerrados bonaerenses viven una «situación carcelaria» aun cuando la ley no permite que los menores de edad estén presos. Afirma que «Existe una ausencia total del «acceso a derechos» y de la posibilidad de pensar proyectos de vida que potencien sus posibilidades de transformación. Los centros son verdaderas cárceles para niños y niñas».
La nuestra es una justicia de clase: no persigue a todos por igual. Los más pobres, los vulnerables, los sin recursos siguen siendo su blanco principal. La salida además es separarlas del resto de la sociedad. Las cárceles y los insitiutos de menores son lugares violentos, no son lugares para la recuperación de nadie. Se sale de ellas con más huellas y dolores que con las que se entró. Jamás escuchamos que salgan a propagandizar a viva voz que cuando se sale de la cárcel, ya no se vuelve a la delincuencia.
ATACAR LAS CAUSAS
La política de Macri viene golpeando duro al pueblo argentino. Los sectores populares, se llevan la peor parte. Y para los jóvenes, Cambiemos ofrece más exclusión, pobreza y encierro. En 2016, seguían siendo más de un millón los jóvenes que no estudian, ni trabajan.
Según un estudio de UNICEF de mayo de 2016, el 30% de las chicas y chicos de entre 0 y 17 años que vive en Argentina es pobre: hablamos de 4 millones. Además 8,4% es extremadamente pobre. Pero según el estudio el Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina, hacía agostos de 2016, había casi 7 millones de niños en la pobreza y medio millón que sufren hambre. Los jóvenes de 18 a 29 años, llegaron al 31,8% en situación de pobreza.
El gobierno que prometió en campaña electoral hambre y pobreza 0, que ahora dice que tienen que pasar 20 años para alcanzar esa meta. Para ese gobierno esos 7 millones de niños, niñas y adolescentes de entre 0 y 17 años son invisibles. Para los de 14 en adelante quiere palos y rejas, mientras crece el hambre, la pobreza y el narcotráfico.
El Estado en lugar de ampliar la criminalización de la juventud, de sumar más poder policial sobre ellos, debería impulsar como política prioritaria la protección de la juventud, con una política educativa, deportiva, laboral y atacar el avance de la droga y el narcotráfico. Esta es la única forma efectiva de contra la inseguridad. Bajar la edad de imputabilidad no va a resolver el problema de los jóvenes ni el delito. Al contrario, lo profundizará, bajando aún más la edad de los menores que son utilizados por las redes del crimen organizado.
DATOS
- 0,14% de todos los pibes de entre 14 y 17 años del país está “en conflicto con la ley”
- La mayoría (89,5%), tienen entre 16 y17 años
- En nuestro país casi 7 millones de chicos/as entre 0 y 17 años están en la pobreza y medio millón sufren hambre.
- En Argentina, el Régimen Penal de la Minoridad Nacional vigente está regido por la ley 22.278 firmada en 1980 por Jorge Rafael Videla.
“No a la baja”
En todo el país se viene organizando un espacio para enfrentar el avance del gobierno contra la juventud y su pretensión de seguir criminalizándonos. En su documento de lanzamiento, el espacio “No a la Baja” afirma: “Comienza un año electoral y reaparecen los oportunistas que pretenderán instalar en la agenda el tema de la tan ansiada seguridad ciudadana bajo premisas superficiales y falsas, que no sólo no resuelven el problema, sino que además generan una brecha social más”. El mismo documento enfatiza que “lo que resulta prioritario es terminar con el narcotráfico, que tiene en la mira a niños, niñas y adolescentes en situación de vulneración (crónica y sistemática) de derechos. Necesitamos el cumplimiento de los tratados internacionales y las leyes nacionales y provinciales que garantizan los derechos de toda la infancia, en la Argentina de la injusticia social, de la escandalosa muerte de 14 niños menores de un año por día debido a causas evitables, de la desnutrición y el analfabetismo funcional, de la irracional concentración demográfica en mega-ciudades con conurbanos que terminan siendo cárceles a cielo abierto de población excluida”.
Barrotes por futuro
Córdoba está segunda -detrás de Buenos Aires- en el ranking de distritos con mayor cantidad de adolescentes presos: tiene 193 en seis complejos. Le siguen Capital Federal (111 chicos en cuatro institutos); Mendoza (91 pibes en un solo centro); Santa Fe (79, en seis unidades); Salta (57, en cuatro); y Tucumán (50 adolescentes en sólo dos). De esos registros surge como curiosidad que Buenos Aires, con algo más de 15 millones de habitantes, tenga 547 chicos encerrados, mientras que Jujuy, con apenas 673 mil habitantes, registre 30 adolescentes detenidos, y Salta, con una población de 1.200.000 personas, 57. (FUENTE: Agencia Télam, septiembre 2016).
